¿Quién puede usar un láser médico en México?

La pregunta se responde mal cuando se contesta sólo por el aparato. En México conviven dos regímenes que no se sustituyen entre sí: uno recae sobre el equipo y el establecimiento, y lo administra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); el otro recae sobre quien realiza el procedimiento, y se rige por la Ley General de Salud, por la ley de profesiones y, en último extremo, por el Código Penal Federal.

Un consultorio puede tener su aviso en regla y un equipo con registro vigente y, aun así, operar de forma irregular si quien dispara el láser no es médico. A la inversa, un médico con cédula que trata pacientes con un equipo sin registro también incumple, por otra vía. Son dos exámenes independientes y hay que aprobar los dos.

La clasificación de seguridad óptica ordena los equipos por el daño que su haz puede causar al ojo y a la piel: es la escala internacional de clases 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B y 4, impresa en la etiqueta de advertencia del propio equipo.

La clasificación sanitaria mexicana es otra cosa: el Reglamento de Insumos para la Salud agrupa los dispositivos médicos en clases de riesgo sanitario, y de ahí dependen la vía y los requisitos del registro ante COFEPRIS. Un mismo equipo puede ser Clase 4 en seguridad óptica y pertenecer a otra clase en riesgo sanitario. Los números no se corresponden y no deben citarse de forma cruzada.

Un Alexandrita de 755 nm, un Nd:YAG de 1064 nm, un diodo de depilación o un CO₂ fraccionado entregan fluencias del orden de decenas de julios por centímetro cuadrado y producen daño térmico controlado en la dermis. Esa es la definición del procedimiento: se provoca una lesión térmica selectiva y se controla su extensión. No hay forma de describirlo como servicio cosmético.

La luz intensa pulsada merece párrafo aparte, porque de ella procede la mayor confusión del mercado. La IPL no es un láser: emite un espectro policromático de 515 a 1200 nm, no es monocromática ni coherente, y se clasifica bajo la norma de seguridad fotobiológica de lámparas. De ahí la idea de que no es médica. Es un error: entrega energía suficiente para causar quemaduras de segundo grado e hipopigmentación permanente, y elegir filtro, fluencia y ancho de pulso exige el mismo criterio clínico que un láser.

El fundamento del tratamiento es la fototermólisis selectiva descrita por Anderson y Parrish en Science en 1983: se elige una longitud de onda que el cromóforo diana absorbe preferentemente y un ancho de pulso menor o comparable al tiempo de relajación térmica de la estructura, de modo que el calor destruya el blanco sin difundirse al tejido vecino. Sin ese criterio aparecen quemaduras, cicatrices y discromías que en fototipos altos pueden ser permanentes.

Entre el paciente y el disparo hay una cadena de decisiones que el marco vigente reserva al ejercicio profesional: diagnosticar, descartar una lesión pigmentada sospechosa antes de tratarla como mancha benigna, clasificar el fototipo en la escala de Fitzpatrick de I a VI —descrita en Archives of Dermatology en 1988 y todavía la referencia práctica—, revisar fármacos fotosensibilizantes e isotretinoína reciente, indicar o contraindicar, calcular la dosimetría, obtener consentimiento y manejar la complicación. Ninguna de esas decisiones es técnica: todas son clínicas.

Por eso quien opera un láser Clase 3B o 4 debe ser médico con título y cédula vigentes, verificables en el Registro Nacional de Profesionistas. Hay además un supuesto escrito con claridad: la Ley General de Salud exige que las cirugías estéticas y cosméticas dirigidas a cambiar el contorno o la forma de zonas de la cara y del cuerpo se realicen en establecimientos con licencia sanitaria y por profesionales especializados. Un resurfacing ablativo extenso entra ahí; una fotodepilación de axila, discutiblemente no.

Todo establecimiento de atención médica debe designar un responsable sanitario y declararlo ante la autoridad. Es un médico titulado, con cédula vigente y perfil congruente con los servicios prestados, que responde por instalaciones, equipos, insumos, expediente clínico, residuos peligrosos biológico-infecciosos y personal.

Dos precisiones se pasan por alto. Responde por lo que ocurre en el establecimiento aunque no haya realizado el procedimiento: prestar la cédula para figurar como responsable de una clínica donde uno no ejerce expone a responsabilidad administrativa y, si hay daño, civil. Y la figura no es una licencia colectiva: no convierte al personal no médico en operador legítimo porque exista un médico responsable en el papel.

Conviene decirlo con precisión y sin desprecio, porque la cosmetología es una ocupación legítima con espacio real en una clínica bien organizada. En México no es una profesión con cédula: no existe cédula profesional de cosmetología equiparable a la del médico, y su ejercicio se apoya en formación técnica y, a veces, en estándares de competencia laboral del CONOCER.

Cruzar ese límite no es sólo un problema administrativo: el Código Penal Federal tipifica como delito ejercer una profesión reglamentada sin título ni autorización de autoridad competente. Y el médico que permite esa práctica en su establecimiento responde por haberla consentido.

• Dentro del perímetro: valoración estética no diagnóstica, limpieza facial, extracción de comedones, exfoliaciones superficiales de venta libre, masaje, maquillaje, depilación con cera y asistencia en tareas no invasivas.
• Fuera del perímetro: operar un láser Clase 3B o 4 o una IPL, ajustar dosimetría, realizar peelings de profundidad media o profunda, aplicar toxina botulínica o rellenos, diagnosticar y manejar complicaciones.
• Zona gris real: radiofrecuencia, ultrasonido focalizado y otros dispositivos vendidos como estéticos, con regulación incompleta y potencia muy variable entre modelos.

La tabla separa los cuatro candados y evita el error más frecuente del mercado: creer que el trámite del establecimiento resuelve la pregunta del operador.

Al comprar una plataforma, el distribuidor casi siempre incluye una capacitación de instalación: unas horas o dos días, impartidos por un aplicador comercial, sobre el manejo del panel, los protocolos precargados y las rutinas de limpieza. Termina con una constancia con el logotipo de la marca.

Es útil y necesaria —nadie debería operar un equipo cuya interfaz desconoce—, pero no es una credencial. La expide la empresa que vende el equipo y acredita asistencia, no competencia. Su contenido está atado a un modelo: un protocolo precargado para fototipo II no enseña qué hacer con un fototipo V ni ante una ampolla a las cuarenta y ocho horas. Y no cubre lo que genera los litigios: la selección del paciente y el manejo de la complicación.

Tras una quemadura pueden activarse tres vías a la vez. La administrativa permite multas, suspensión, clausura y aseguramiento del equipo, con independencia de que haya daño. La penal contempla el ejercicio indebido de profesión y, si el daño es demostrable, lesiones. La civil persigue la reparación.

La legislación civil mexicana prevé un régimen de responsabilidad objetiva para quien emplea aparatos peligrosos por sí mismos —por la energía que manejan o por causas análogas—, que obliga a responder aunque no se haya obrado ilícitamente; que un láser Clase 4 encaje ahí es un argumento sostenible. Y las pólizas de responsabilidad civil profesional suelen excluir actos ejecutados por personal no facultado.

Un texto honesto sobre este tema debe señalar sus propios límites, porque buena parte de lo que circula presenta como certeza lo que no lo es.

• No existe una norma oficial mexicana que regule de forma integral el uso clínico del láser en dermatoestética: la regulación se construye combinando la Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas de expediente clínico, infraestructura y dispositivos médicos.
• No hay una lista oficial que enumere, procedimiento por procedimiento, cuáles quedan reservados al médico: la conclusión se deriva de la naturaleza del acto.
• La exigencia expresa de especialidad está redactada para cirugías estéticas y cosméticas; su alcance sobre procedimientos no ablativos se discute y no está resuelto.
• La vigilancia es desigual entre estados: que una práctica sea frecuente y no se sancione no la vuelve legal. Lo inequívoco es que aplicar energía con intención terapéutica, con diagnóstico e indicación de por medio, es ejercicio de la medicina, y ningún aval privado sustituye la cédula.